Persisten quejas por negativa del Ayuntamiento de Guayubín a entregar informaciones públicas
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Guayubín, Montecristi, R.D. – Ciudadanos de distintas clases sociales continúan enfrentando obstáculos al momento de solicitar informaciones al Ayuntamiento de Guayubín, ya que las autoridades locales no han entregado los documentos requeridos conforme a lo estipulado por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, de acuerdo a la nota del comentarista Daygorod Fabián Sánchez.
Dice Sánchez que -Pese a que esta legislación garantiza el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir informaciones de carácter público, no se ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre la negativa reiterada por parte de los responsables municipales.
La falta de respuesta ha generado preocupación entre comunitarios, líderes sociales y sectores que exigen mayor transparencia en el manejo de los fondos y decisiones del cabildo. Según la ley, los funcionarios tienen un plazo establecido para responder y entregar la información solicitada, de lo contrario podrían enfrentar consecuencias legales.
Organizaciones sociales advierten que insistirán en sus reclamos y agotarán las vías jurídicas correspondientes para hacer valer el derecho ciudadano a estar informados sobre la gestión pública.
Fuente: Daygorod Fabián Sánchez
Citizens complain as Guayubín City Hall continues to deny access to public information
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Guayubín, Montecristi, D.R. – Citizens from various social backgrounds continue to face difficulties when requesting information from the Guayubín City Hall, as local authorities have yet to provide the requested documents, despite the obligations established under Law 200-04 on Free Access to Public Information.
This law ensures the right of every citizen to request and receive public data, but no official explanation has been given regarding the municipality’s refusal to comply.
The ongoing silence has raised concerns among residents and social leaders who demand greater transparency in how the city’s resources and decisions are managed. The law also outlines specific deadlines and legal consequences for public officials who fail to comply with information requests.
Local organizations have vowed to persist in their demands and pursue legal avenues to enforce the public’s right to be informed.
Source: Daygorod Fabián Sánchez
